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Tras el anunció de la medida, entran en discusión algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, que manifiestan su descontento de limitar la información periodística.
Carlos Lauría, coordinador para América del Comité de Protección de Periodistas menciona vía telefónica que esta medida “es un intento de censura de la cobertura informativa sobre la escalada del crimen de Venezuela, en el contexto preelectoral”.
Así mismo, Lauría añade que “Los periodistas tienen el derecho de informar exhaustivamente sobre hechos de interés público. El impacto que tienen el crimen y la violencia en miles de venezolanos es un tema claramente público. Es casi crucial en estos momentos que los venezolanos puedan estar informados sobre estos temas".
Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, enfatiza que esta medida no solo restringe la posibilidad de informar verazmente, sino que mutila los sucesos al omitir la realidad de algunos actos violentos en Venezuela.
Ewald Scharfenberg, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela comenta que "Es el más claro caso de censura previa que ha establecido el Poder Judicial en los últimos años, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana y por convenios institucionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre".
El asunto es que esta mediada se ejecuta para proteger a los niños y jóvenes de las imágenes que los agreden.
Terra
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