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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) indicó en un comunicado que el pasado día 9 se registraron fuertes enfrentamientos entre presos del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, en Caracas, que habrían resultado en la muerte de al menos 6 reclusos y 15 heridos.
La Cidh expresó su preocupación por los hechos, se solidarizó con las familias de las víctimas y recordó que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los encarcelados.
Asimismo, la Cidh reiteró su preocupación por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos y por la tenencia de armas de fuego de grueso calibre por parte de organizaciones criminales dentro de varias prisiones.
En este sentido, reafirmó que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas sujetas a su jurisdicción, deber que es más evidente al tratarse de personas privadas de libertad, sobre las que el Estado se encuentra en una posición de garante.
Esta obligación no solo se impone con relación al poder del Estado, sino también en lo que se refiere a las actuaciones de terceros particulares.
La Cidh urgió nuevamente a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.
Desde hace varios años la Comisión ha venido dando seguimiento a la situación de las cárceles en Venezuela a través de distintos mecanismos, incluyendo casos contenciosos y medidas provisionales solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo recordó al Estado que desde marzo de 2006 se encuentran vigentes medidas provisionales otorgadas por la Corte en las que este tribunal manifestó que los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida.
La Corte resolvió que el Estado tenía que adoptar "de forma inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente la violencia en la Cárcel de Yare", de manera que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro.
También otorgó medidas provisionales a favor de las personas privadas de la libertad en el Internado Judicial de Monagas ("La Pica"), el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), y el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.
Mediante su Resolución del 24 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana mantuvo la vigencia de estas medidas provisionales.
EFE
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