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La AIR, que reúne a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de las tres Américas, Asia y Europa, formuló la denuncia en un comunicado difundido en esta capital, su sede.
AIR sostiene que las explicaciones del gobierno del presidente Hugo Chávez para no dar las autorizaciones a Rctv son ilegales y arbitrarias y sostiene que la emisora venezolana "aportó en tiempo y forma todos los antecedentes que avalan su programación internacional".
Denunció AIR, asimismo, que la "calificación de los hechos y sus gravísimas consecuencias, la está ejerciendo un organismo gubernamental en forma unilateral, sin que medie la intervención de ningún tribunal independiente. En los hechos, se trata del retiro total y definitivo de Rctv del cable venezolano, con lo cual se privará al pueblo de Venezuela de un canal de televisión independiente, afectando severamente su derecho a la información y a la libertad de expresión".
AIR denuncia que con estas medidas, el gobierno venezolano está "vulnerando tratados internacionales y derechos constitucionales, mediante un procedimiento arbitrario, con el manifiesto propósito de limitar, a su grado más extremo, la ya mermada libertad de expresión en Venezuela".
La AIR hizo un llamado a los organismos internacionales, especialmente a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a adoptar las medidas necesarias para que no se continúe avanzando "impunemente, en la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso, por parte del gobierno" venezolano.
AP
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