En un comunicado, Heinz manifestó estar "abierta al diálogo y a la negociación", así como su esperanza en que "se aclaren las motivaciones" de la intervención de una planta procesadora de tomate de su propiedad ubicada en el estado Monagas (noreste).

El gobernador de Monagas, el oficialista José Gregorio Briceño, ordenó el fin de semana la toma militar de la planta de Heinz, que se encuentra inactiva desde una fecha no precisada.

La empresa estadounidense destacó que "no han recibido notificación alguna por parte de organismos oficiales acerca de la intervención y expropiación de la planta de Caicara de Maturín, en el estado Monagas".

Calificó de "justo" aspirar a "que cualquier actuación" contra su propiedad "esté encuadrada dentro del marco de legalidad", en aras de la preservación de los "derechos de propiedad y libre comercio garantizados en la Constitución, así como al debido proceso".

Heinz señaló que "desde hace algún tiempo" puso en venta sus instalaciones de Barinas, "siendo ofrecidas tanto a particulares como a las autoridades locales, sin haber recibido respuesta".

La venta se decidió porque la planta se encuentra inactiva debido a que los agricultores "no honraron los contratos de suministros de tomate que habían suscrito con Heinz, por preferir vender el tomate en el mercado fresco, toda vez que se vendía a mayor precio".

El gobernador de Monagas justificó su decisión de ordenar la intervención con el argumento de que "el pueblo de Caicara fue burlado por un monopolio trasnacional", en referencia a Heinz, que adquirió la planta en 1996 y "la quebró".

"En ese momento yo era alcalde de Caicara y me sentía impotente, pues (en la planta de Heinz) se producían 30 millones de kilos de tomate, casi mil hectáreas, y el cierre de la empresa provocó la quiebra de los campesinos", declaró Briceño a la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

La intervención de la planta de Heinz ocurrió días después de que el Ministerio de Agricultura y Tierras ordenó la toma militar de unos silos de la empresa venezolana Alimentos Polar, que ha pedido al Supremo anular la medida.

Alimentos Polar introdujo el viernes ante el Supremo un amparo constitucional a fin de "restituir los derechos de propiedad y libertad económica que fueron violados abiertamente" con la toma militar de sus silos ubicados en el estado de Barinas (suroeste).

La empresa aseguró que los silos estaban activos cuando se intervinieron el miércoles, y que la toma militar "impide la entrada al personal y, en consecuencia, interrumpe el funcionamiento de la instalación industrial".

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, aseguró que "no hay militarización" en las instalaciones de Polar y que "no está planteada ninguna expropiación".

"Se trata de asumir esos silos para que todos los productores puedan depositar allí sus cosechas y no una empresa en particular".

Terra / EFE