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"Esta es una Constitución de transición", que ya tuvo "su primera enmienda, aprobada" en referendo el pasado 15 de febrero, declaró el mandatario en el acto de graduación como abogados de alumnos de la estatal Universidad Bolivariana.
Los venezolanos aprobaron en las urnas en febrero pasado una enmienda constitucional que permitirá a los funcionarios de elección popular presentarse a la reelección del cargo de forma ilimitada.
Esa enmienda abrió el camino a Chávez para que pueda optar a un tercer mandato presidencia consecutivo en los comicios de 2012, para los que ya se ha declarado "precandidato" e incluso ha expresado su confianza en una nueva victoria.
El jefe del Estado sufrió su primera derrota electoral en diciembre de 2007, cuando la población rechazó en las urnas una amplia reforma a la Constitución, de 69 de sus 350 artículos, que había presentado como mecanismo para acelerar la instauración en Venezuela del llamado socialismo del siglo XXI.
Un año después de esa derrota, Chávez anunció que volverá a presentar la amplia reforma constitucional rechazada "después del 2012", cuando, dijo espera ser reelegido para el período presidencial 2013-2019.
Por su parte, la oposición denuncia reiteradamente que el Gobierno de Chávez y sus aliados de la Asamblea Nacional (AN), dominada por el oficialismo, supuestamente aplican de hecho los principios establecidos en la reforma constitucional rechazada a través de una serie de leyes aprobadas en los últimos meses.
Una de esas normas, aprobada en diciembre pasado, es la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que "plantean un centralismo asfixiante" y prepara el terreno "para la destrucción de estados y municipios", según denunció entonces el dirigente opositor Carlos Vecchio.
A mediados de diciembre pasado, la AN, también aprobó, en primera de dos lecturas, la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, y la Ley Orgánica de Planificación Pública, las cuales serían la antesala para "modificar la ordenación territorial del país", según el ex constituyente y ex oficialista Hermán Escarrá.
Esas normas "colocan la propiedad social y colectiva del Estado y el gobierno comunal como pasos inmediatos para modificar la ordenación territorial del país, sustituir el régimen municipal y desmontar las gobernaciones y alcaldías", lo que está fuera del ordenamiento constitucional vigente, dijo Escarrá.
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