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La Sala de Casación Penal del TSJ concluyó que "existen requisitos para solicitar la extradición" del empresario, quien se encuentra en libertad condicional en el estado de Florida (EE.UU.), informó una nota de prensa del Poder Judicial.
Señaló que Cedeño "debe ser procesado ante la justicia venezolana por los delitos de "obtención fraudulenta de divisas y contrabando agravado, en condición de cómplice, y distracción de recursos financieros de una entidad bancaria", los cuales, añadió, "no son políticos ni conexos con éstos".
El Tribunal 31 de Control de Caracas solicitó al Supremo pronunciarse sobre el asunto después de que la Fiscalía le pidiera iniciar los trámites para solicitar a Estados Unidos la extradición del empresario, según datos de la prensa local.
Cedeño, que estaba encarcelado en Venezuela desde 2007, fue dejado en libertad con la obligación de presentarse periódicamente ante un tribunal el pasado 10 de diciembre durante una audiencia celebrada en el Tribunal 31 de Control de Caracas.
María Lourdes Afiuni, la jueza que otorgó ese beneficio al empresario, permanece detenida desde ese mismo día, acusada de haber celebrado la audiencia de forma "irregular", y destituida del cargo, de acuerdo a informaciones de la prensa venezolana.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió el pasado 11 de diciembre que Afiuni sea condenada a la "pena máxima de 30 años", por considerar que "es una bandida" por haber dado la libertad al acusado como parte de su presunto plan de fuga.
Una vez recobrada la libertad, Cedeño se trasladó a la ciudad estadounidense de Miami, donde fue detenido preventivamente por las autoridades de Inmigración, quienes le otorgaron el pasado 23 de diciembre la libertad condicional.
El pasado viernes, la Fiscalía informó que había iniciado los trámites burocráticos para que Estados Unidos le extradite a Venezuela.
La Fiscalía venezolana acusó en 2005 a Cedeño de ayudar a una firma local, el Consorcio Microstar, a obtener 27 millones de dólares de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para adquirir equipos de computación que nunca entraron al país.
EFE
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