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"En relación con casos de asesinatos de colombianos en Venezuela, cualquier hipótesis es de suma gravedad. Algunas voces en ese país, pretenden sugerir que por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación para lo ocurrido", señaló el canciller colombiano Jaime Bermúdez.

"Frente al asesinato de cualquier ciudadano, la acción del Estado debe ser igual de contundente, trátese de actores que intentan suplantarlo, terroristas, narcotraficantes o milicias. La justicia debe operar plenamente sin que haya espacios a prejuzgamiento político", añadió el funcionario en un comunicado.

En el comunicado, Bogotá consideró "grave" la situación de orden público que vive Venezuela, "la cual ha cobrado la vida de un elevado número de colombianos", y reiteró su disposición "a cooperar plenamente con las investigaciones que adelante la justicia venezolana a fin de esclarecer" el caso de la masacre.

Bermúdez también "repudió" a nombre del gobierno de Alvaro Uribe, "la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Venezuela y se solidariza con las familias y allegados de las víctimas", dijo.

El pasado 11 de octubre, doce personas fueron secuestradas en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, mientras jugaban un partido de fútbol, y diez de ellas fueron posteriormente asesinadas: ocho colombianos, un peruano y un venezolano.

Un colombiano sobreviviente afirmó que los secuestradores eran miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), mientras que autoridades venezolanas acusan del hecho y del asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional a escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Los nexos entre Bogotá y Caracas se tensaron aun más en los últimos días por denuncias del presidente venezolano sobre supuestos planes de espionaje de Colombia en contra de su gobierno.

Chávez decidió congelar en julio pasado los vínculos con Bogotá debido a un acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos que permite que tropas estadounidenses operen de forma controlada en al menos siete bases colombianas, convenio que Caracas considera que va dirigido en su contra.

AFP