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De hecho, Colombia es uno de los países que está bajo observación de la Fiscalía de la CPI, que sigue sin tomar una decisión sobre este país.
"(La CPI) es un fantasma que asusta, es como una especie de espada de Damocles", reconoce, en diálogo con BBC Mundo, el abogado Fernando Trebilcock, a propósito del término de un periodo de excepción de siete años que le impedía a ese tribunal ocuparse de los crímenes de guerra en el país.
Hace nueve años, Trebilcock estuvo secuestrado en una zona que el gobierno había desmilitarizado para negociar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes lo capturaron en una carretera cercana a Bogotá.
Trebilcock forma parte de la organización País Libre, que complementará una denuncia que presentó en 2004 ante la Fiscalía de la CPI, donde se ponían en su conocimiento 26.000 secuestros y 2.200 homicidios cometidos en su mayoría por la guerrilla.
"Frente a los crímenes de la guerrilla hay una gran impunidad en Colombia", se queja el experto.
Un fantasma
La posibilidad de que la CPI actúe en este país ha sido agitada por amigos y detractores del gobierno colombiano.
Hace algunos meses, la senadora opositora Piedad Córdoba, que promueve la liberación de rehenes en manos de los rebeldes, afirmó: "Algunos funcionarios dicen que las FARC van rumbo a la CPI, pues yo creo que muy rápidamente les irá a hacer compañía Uribe. Seguramente, el presidente llegará primero que ellas".
Pero el mandatario ha desestimado esos señalamientos. "Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", dijo Uribe en agosto de 2008, cuando el fiscal de la CPI se encontraba en Colombia.
Desde este lunes, en teoría, la CPI podría investigar homicidios, toma de rehenes y reclutamiento de menores, tres de los delitos de los que más se acusa a guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado en Colombia.
Pero de la teoría a la práctica hay un largo camino. Hasta el momento, la CPI sólo ha actuado en cuatro países africanos y lo ha hecho porque ha considerado que esos Estados no querían o no estaban en capacidad de investigar graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Con la salvedad a la que se había acogido Colombia ante la CPI se buscaba facilitar el desarrollo de procesos de paz con los grupos armados colombianos.
De hecho, el gobierno de Uribe llevó adelante un proceso de paz con miles de paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se beneficiaron con sustanciales rebajas de penas, aunque en muchos casos todavía no se han producido las condenas.
Lesa humanidad
Hasta el momento, la CPI únicamente estaba facultada para ocuparse de crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia, que -según expertos consultados por BBC Mundo- no sólo han sido cometidos por guerrilleros, sino también por paramilitares.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a BBC Mundo que la CPI debió actuar, pero no lo hizo, después de que en 2008 el gobierno colombiano extraditara a Estados Unidos a 14 altos jefes paramilitares, que ahora están siendo procesados en ese país por narcotráfico.
"Los jefes paramilitares han cometido graves crímenes de lesa humanidad, inclusive durante la negociación con el gobierno. Con su extradición, el gobierno explicitó que no quería juzgarlos o no podía juzgarlos. Ése es un requisito para que la CPI actúe", explicó Gallón.
Por su parte, el profesor Mario Madrid-Malo, un abogado experto en derechos humanos, le explicó a BBC Mundo que, adicionalmente, la legislación colombiana no tiene claramente tipificados los crímenes de lesa humanidad.
Según el experto, esosdelitos tienen cinco rasgos: 1. Forman parte de una línea de conducta que implica su comisión múltiple; 2. Se ejecutan en desarrollo de una política, o para promoverla; 3. Su perpetración puede darse en cualquier tiempo, aun por fuera de situaciones de conflicto armado; 4. Sus autores pueden ser tanto los agentes de un Estado como los miembros de una organización no estatal, y 5. Tienen un elemento de intencionalidad.
La CPI ya no tiene reservas para actuar en Colombia y el embajador de este país en La Haya, Francisco Lloreda, saludó la terminación de la excepción.
"La vigencia plena de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia es una buena noticia. Colombia entiende la CPI como una aliada en el fin de combatir la impunidad de ciertos crímenes. Siendo así y entendiendo la complementariedad como corresponde, no existe razón para apreciar la Corte con prevención o temor", dijo el diplomático el viernes pasado.
Por ahora, sin embargo, es muy difícil prever qué decisión tomará la Fiscalía de la CPI frente a Colombia y, mientras tanto, ese tribunal seguirá siendo, para algunos sectores, una especie de fantasma en este país.
BBC Mundo
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