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El documento fue suscrito por el canciller Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield.
Los ministros de Defensa, Gabriel Silva; y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, acompañaron a Bermúdez en la firma del documento.
Según explicó Bermúdez, el acuerdo entra en vigencia de manera automática, puesto que su paso por el congreso estadounidense sólo tiene un carácter informativo, que no incluye su ratificación.
“El ejecutivo pone el contenido del acuerdo a las comisiones exteriores para efectos meramente informativos”, explicó el Canciller, quien agregó que igual circunstancia se había dado en lo que tenia que ver con el Gobierno Nacional; puesto que también se habían realizado una serie de encuentros con las respectivas comisiones para explicar sus alcances.
“La semana entrante haremos llegar el texto al Congreso, e incluso la opinión pública también lo conocerá. En eso no hay inconvenientes”, agregó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Así mismo Bermúdez anunció la entrega del documento correspondiente al legislativo, cuyo carácter era eminentemente voluntario porque la Constitución no exigía que se tuviera que hacer de esta manera.
El Gobierno Nacional ha autorizado la utilización de las bases de Larandia, (Caquetá) y Tolemaida, (Cundinamarca); las bases aéreas de Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta); así como en las navales de Cartagena y Málaga en el Pacífico.
"El monopolio de las armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o ataque contra otro país, es lo que dice la Constitución y el acuerdo la respeta", enfatizó el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, respecto a la utilización de la bases.
El acuerdo autoriza el ingreso de 1.400 ciudadanos estadounidenses, quienes desarrollaran sus actividades militares en el país en calidad de contratistas (600) o de efectivos militares (800), sin que lleguen a poder afectar las relaciones con los países vecinos, puesto que sólo se tiene previsto que realicen sus actividades dentro del territorio nacional.
"Para nosotros es muy positivo, para nosotros es además una necesidad, y la región tiene beneficios también", declaró el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, a las afueras del salón en el que se firmó el acuerdo.
A su vez, el Canciller insistió en que el texto del acuerdo no había sido puesto a consideración del congreso porque no implicaba el tránsito de tropas extranjeras –“aquí no vienes tropas de un país para pasar a otro país”- y las tropas no lo eran como tal, debido a que carecían de un carácter ofensivo.
“Los que combaten en Colombia son nuestros soldados y policías, que son los que saben; lo que queremos es asistencia técnica por parte de los Estados Unidos, y además no vamos a ver un número inusitado de personas. Hoy día sólo hay un número de 71 miembros del personal militar de los Estados Unidos de manera permanente”, agregó Bermúdez.
Inmunidad para militares en suelo colombiano
No obstante a que los 800 militares gozarán de un tipo de inmunidad garantizado dentro de este tipo de acuerdos, se han establecido medidas específicas para que se le pueda hacer un seguimiento a los procesos en los que eventualmente se hubiera podido llegar a violar la legislación colombiana.
Así mismo, el Gobierno ha insistido en que los militares y funcionarios que operarán en el país no pueden recibir el calificativo de “tropas de combate”, puesto que se trata de asesores técnicos de carácter militar, además de que en el tratado no se considera la posibilidad de que los Estados Unidos puedan hacer uso de la fuerza armada dentro del territorio nacional.
Con este acuerdo, que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, EE.UU. busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno del presidente de este país, Rafael Correa.
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