|
El diálogo, entre representantes del mandatario depuesto y del gobernante de facto Roberto Micheletti, desarrollará una agenda basada en el plan del presidente costarricense Oscar Arias, cuyo punto medular es la restitución de Zelaya.
"Es un punto que hasta el momento ha entrabado la posibilidad de un acuerdo, pero precisamente de lo que se trata es de generar condiciones que permitan resolver esas divergencias que todavía persisten", dijo en Tegucigalpa Víctor Rico, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El diálogo será acompañado por unos diez cancilleres y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que llegarán el miércoles con la esperanza de que esta vez "haya una resolución de la crisis", expresó Rico al referirse al fracaso de un primer viaje de los ministros en agosto.
Pero para abrir la negociación esta semana -fecha aún no precisada-, Zelaya pidió al gobierno de facto que levante el estado de excepción y el cerco militar a la embajada de Brasil, su refugio desde que volvió en secreto a Honduras el 21 de septiembre.
Micheletti decidirá el lunes si deroga su muy criticado decreto que suprimió hace una semana las libertades de movimiento, reunión y prensa, tras lo cual acalló a los medios opositores Radio Globo y el Canal 36.
"Un 90% ya está resuelto" para las pláticas, pero "si el 10% restante fuera el obstáculo habría que tener confianza en los mecanismos de la comunidad internacional, para que siga presionando", dijo Zelaya.
Su retorno sorpresivo desde el exilio en Nicaragua, donde se asentó tras ser enviado por los militares a Costa Rica el 28 de junio, precipitó los acontecimientos que traerán a los cancilleres a una nueva negociación.
Atrincherado en la embajada cercada por antimotines, Zelaya precisó que la agenda, además de la firma del plan de Arias, incluye la definición de su aplicación y del acompañamiento internacional.
Micheletti, quien dijo que el plan puede sufrir cambios para ser un "acuerdo aceptable", trató de evitar el regreso de Zelaya antes de las elecciones del 29 de noviembre, que muchos países, incluido Estados Unidos, se niegan a reconocer si se realizan bajo un gobierno de facto.
"Estamos platicando... y vamos a sentarnos (a dialogar), no tengan ustedes la menor duda de eso. Vamos a elecciones el 29 de noviembre", afirmó el viernes Micheletti.
Su base de apoyo en la élite empresarial tendió a decaer después de que el toque de queda y cierre temporal de aeropuertos causaron pérdidas de millones de dólares, y fue más evidente con la suspensión de las libertades civiles.
La campaña electoral inició con ímpetu el 1 de septiembre, pero la prohibición de concentraciones masivas terminó por convencer a los partidos de la necesidad de apoyar una negociación.
Por su lado Zelaya habría desistido de que una Asamblea Constituyente figure en un acuerdo, tema álgido en la disputa que llevó a su derrocamiento, pues sus opositores lo acusaban de querer reformar la Carta Magna para perpetuarse en el poder.
Si bien su mandato debe concluir en enero y estará inhabilitado para un nuevo período, el movimiento en su apoyo creció desde que se instaló en la embajada y sería el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado el que de la lucha por la Constituyente el próximo año.
En un mensaje por teléfono a unos 300 activistas del Frente reunidos este domingo, Zelaya los invitó a que "en estos cien días de resistencia que se cumplen mañana (lunes), pacíficamente se manifiesten".
El cansancio en la población ya es notorio. José Santos, un taxista de 42 años, se queja de que "los pobres son los que sufren por estos pleitos de política" y sólo quiere calma para poder trabajar. Terra / AFP 
|
