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Mientras, el Gobierno de facto que lo reemplazó tras el golpe militar del 28 de junio se aislaba aún más ante la presión internacional y suspendió el domingo las garantías constitucionales ante anuncios de nuevas manifestaciones a favor de Zelaya.
En una conferencia prensa desde la embajada de Brasil, donde está atrincherado desde que regresó clandestinamente a Honduras el 21 de septiembre, Zelaya dijo que militares podrían irrumpir pronto en la sede diplomática, sitiada por centenares de soldados.
"Temo que en las próximas horas asalten esta sede diplomática", expresó Zelaya. "La comunidad internacional debe actuar (...) pido protección al mundo", agregó.
Seguidores de Zelaya intentarán mostrar el lunes su músculo popular con una manifestación por la capital hondureña, la cual desafiaría la decisión del Gobierno de facto de suspender las garantías constitucionales de libertad de movimiento.
Soldados en uniformes de campaña asaltaron antes del amanecer Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur, apoyándose en un decreto presidencial que permite silenciar medios hostiles.
El Gobierno de facto dijo además que retiraría dentro de 10 días la inmunidad diplomática a la embajada de Brasil.
"Hacemos un llamado a todos los grupos de manifestantes afines al señor Zelaya para que depongan sus actitudes de provocación y acaten las presentes disposiciones", dijo un comunicado de la presidencia leído el domingo por la noche en una cadena de radio y televisión.
El Gobierno de facto acusa a Zelaya de incitar a la violencia desde la embajada de Brasil, donde el presidente de bigote negro y sombrero Stetson de vaquero cumple el lunes una semana sitiado por policías con pasamontañas y soldados armados hasta los dientes.
Un decreto presidencial emitido este fin de semana suspende por 45 días el derecho a la libertad de asociación y movimiento, además de autorizar las detenciones sin orden judicial y el silenciamiento de medios de prensa críticos.
El presidente de facto Roberto Micheletti profundizó el fin de semana su aislamiento internacional, negándose a recibir a los embajadores de Argentina, España, México y Venezuela, llamados a consulta tras el golpe.
Además, dio el sábado a Brasil un plazo de 10 días para que defina el estatus de Zelaya, exigiendo que los asile o entregue para ser juzgado por supuestamente violar la Constitución con un plebiscito que habría despejado el camino para su reelección.
El ultimátum puso a Honduras en rumbo de colisión con la potencia regional. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que Zelaya podía quedarse en su embajada el tiempo que quisiera.
"Brasil no tolerará un ultimátum de un Gobierno golpista", dijo a periodistas tras una cumbre América del Sur-Africa en la isla de Margarita en Venezuela.
"Si entran por la fuerza estarán cometiendo un acto que rompe las normas internacionales", agregó.
El canciller hondureño de facto, Carlos López, dijo que una vez vencido el plazo la embajada de Brasil perdería su inmunidad, aunque aclaró que el Gobierno interino no pretende allanar la misión.
Reuters
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