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El viernes, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, explicó que las causas de esa medida fueron el "fallecimiento del titular, el vencimiento de la concesión, la falta de renovación del permiso o la declaración de improcedencia del cambio de titular".
Los representantes de la oposición denunciaron en bloque que detrás del argumento legal esgrimido por Conatel se encuentra el deseo del Gobierno de "acallar las voces disidentes y las críticas al presidente Hugo Chávez".
Las declaraciones opositoras han estado centradas fundamentalmente en el caso de cinco emisoras del circuito CNB (Circuito Nacional Belfort), formado por nueve emisoras FM y dos AM y dirigido por Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radiodifusión de Venezuela.
Portavoces del grupo CNB dijeron que recurrirán la medida de Conatel ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a la que se vincula con la oposición, manifestó en una nota "su dolor y su rechazo a la despótica decisión del Ejecutivo Nacional".
Aunque los rechazos a la medida oficial aluden al trasfondo político de la medida, la nota del CNP destacó que "ni CNB, ni el resto de las emisoras cerradas, tenían una programación en la cual predominaran los contenidos políticos. Eran emisoras de entretenimiento que no se estaban metiendo con nadie".
Representantes de varios medios radiales invitaron a los ciudadanos a seguir sintonizando las emisoras que salieron del aire a través de internet.
Las emisoras cuyas concesiones fueron rescindidas por Conatel forman parte del grupo de 240 que recientemente no cumplieron con la convocatoria que les hizo ese organismo para actualizar sus datos.
Cabello dijo el viernes que la decisión del Gobierno de combatir el "latifundismo mediático" y promover la "democratización" de la propiedad de los medios de comunicación ha recibido muchas críticas, pero ninguna denuncia de que se esté violando la ley.
"Nadie ha dicho que esto va contra la ley. Nadie ha argumentado eso, porque saben que estamos cumpliendo estrictamente lo que la ley dice", afirmó Cabello, quien también es ministro de Obras Públicas y Vivienda.
El alcalde del municipio caraqueño de Baruta, el opositor Gerardo Blyde, resaltó que se trata de un "golpe certero a la libertad de expresión".
El secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, dijo que la medida "afecta a todos los venezolanos", mientras que el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, calificó la medida como un "acto de fascismo".
"Este es un acto de arbitrariedad, un secuestro de la representación nacional. Este es un Gobierno comunista más", opinó el dirigente opositor Caludio Fermín.
Terra / EFE
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