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Las filiales del holding estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han presentado problemas en su producción por obsolescencia y falta de inversiones, mientras el Gobierno solamente aprobó en abril cerca de 200 millones de dólares para mantener las operaciones.
Funcionarios de las empresas -ubicadas principalmente en el estado Bolívar- han estimado que los recursos necesarios para el pago de deudas e inversiones necesarias para adecuación tecnológica superarían los 1.000 millones de dólares.
Portavoces de las reductoras Alcasa y Venalum dijeron que pese a que algunos trabajadores no pudieron llegar a las plantas, la producción continuaba con el personal del turno previo y aquellos que lograron acceder a las instalaciones.
El Gobierno prometió meses atrás que lanzaría un plan de recuperación de las empresas del aluminio, que componen las dos reductoras, una productora de bauxita y una de ánodos de carbón, pero hasta la fecha no se han realizado anuncios al respecto.
Los altos costos de producción de aluminio en el país han llegado casi a duplicar el precio actual del metal en el mercado internacional.
El 80 por ciento de Venalum es de la CVG, mientras que el otro 20 por ciento está en manos de las japonesas Showa Denko KK, Kobe Steel, Sumitomo Chemical, Mitsubishi Materials, Mitsubishi Aluminum y Marubeni.
Recientemente, los socios japoneses informaron que están interesados en salir del negocio y vender su parte al Estado venezolano, que actualmente evalúa el valor de esa participación.
Por su parte, Alcasa y Bauxilum tienen participación de firmas foráneas, como las gigantes Alcoa y Alcan, pero que no llega a 3 por ciento accionario.
Reuters
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