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Barreto, quien era el director general sectorial de administración y servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, afirmó que se le violó su derecho a la defensa y a ser juzgado por su "juez natural".
El denunciante aseguró que fue llamado como testigo en 1992 y que de repente apareció como imputado sin que se le permitiera ser defendido por un abogado y sin la posibilidad de conocer el expediente del caso ni la acusación.
Además, dijo que fue condenado en 1996 a un año y dos meses de cárcel por el delito de malversación de fondos por la Corte Suprema de Justicia, órgano cuyas decisiones son inapelables y que se encargaba de juzgar a altos mandos de Gobierno, como por ejemplo, el presidente y ministros.
Barreto afirmó que funcionarios de su rango debían ser juzgados por el tribunal superior de salvaguarda, donde tenía la posibilidad de apelar la sentencia ante una instancia superior.
Por su parte, los representes del Estado se quejaron de que este caso fuera visto por la Corte 13 años después de sucedido, afirmaron que el código de enjuiciamiento criminal de la época avalaba el accionar de las autoridades y que Barreto tuvo acceso a garantías judiciales.
En 1999 el código fue reformado y transformado en el código orgánico procesal penal, el cual, de acuerdo con el Estado y un perito presentado por la defensa de la víctima, se ajusta a los estándares internacionales a diferencia del anterior.
En la demanda presentada ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se solicita que se declare culpable al estado venezolano por violación a los derechos de libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
La CIDH también solicitó medidas de reparación para Barreto.
Después de la audiencia de hoy, celebrada en al sede de la Corte en Costa Rica, existe una fase escrita en la que las partes presentan sus argumentos finales, antes de que los jueces emitan una sentencia, proceso que tarda algunos meses.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son inapelables y de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo continental.
EFE
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