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Las acusaciones son por traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de Gobierno, detalló el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Los cuatro delitos "están relacionados con las acciones de la consulta" que Zelaya iba a celebrar el domingo pasado con la intención de convocar una Asamblea Constituyente, pese a que había sido declarada ilegal por el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros órganos.
El portavoz puntualizó que el Ministerio Público solo ha imputado cuatro delitos a Zelaya, y no 18 como señalan otras versiones, surgidas de un informe de una comisión legislativa que investigó las actuaciones del depuesto gobernante en relación con la consulta.
Según Duarte, el Ministerio Público envió el martes a Interpol la orden de captura contra el depuesto mandatario, quien fue elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, hasta el 27 de enero de 2010.
Los militares derrocaron el domingo a Zelaya y lo llevaron a Costa Rica, lo que frustró la consulta, y poco después el Parlamento eligió como nuevo presidente del país a Roberto Micheletti, hasta entonces jefe del Legislativo.
Las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron por órdenes de la justicia ordinaria porque la consulta era ilegal.
El nuevo Gobierno hondureño ha advertido a Zelaya que si regresa a Honduras será detenido en virtud de la orden de captura contra él, que también está en manos de la Policía local.
Zelaya anunció ayer en Panamá, donde asistió a la investidura del presidente Ricardo Martinelli, que esperará que venza el plazo de 72 horas que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio para reinstalarlo en el poder, posiblemente el fin de semana.
EFE
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