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El Congreso suspendió el miércoles por tiempo indefinido las polémicas leyes luego de dos meses de intensas manifestaciones, que tuvieron su punto álgido el fin de semana pasado con enfrentamientos entre policías e indígenas que dejaron decenas de muertos.
Los indígenas, organizaciones regionales y sindicales han dicho que no dejarán de protestar hasta que las leyes sean eliminadas definitivamente.
En Yurimaguas, a 1.400 kilómetros al noreste de Lima, los nativos seguían con el bloqueo de la principal vía que abastece a ese poblado, donde el comercio local funcionaba aunque los alimentos básicos se vendían a precios más altos de lo normal.
"Hemos decidido quedarnos aquí hasta que haya una solución", dijo el indígena Fernando Ríos Panaipi, quien llegó a este punto de protesta hace 37 días desde una remota comunidad nativa en la selva del país.
Cientos de nativos permanecen apostados en la carretera portando lanzas y algunos de ellos tienen la cara pintada con rayas rojas y negras, como acostumbran cuando están en situación de conflicto y en defensa de sus tierras.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen "razones" para el paro ni las protestas, ya que cuando el Congreso suspendió las polémicas leyes, restituyó y dió "fuerza de ley a todo el régimen legal anterior".
"La preocupación no es la norma, el objetivo es crear una sensación de desestabilización que evidentemente estamos obligados de resolver de una manera concordada, conciliada pero con firmeza y aplicando la ley", dijo Fernández.
Según reportes radiales, el paro de actividades en apoyo a la protesta se cumplía de forma parcial en ciudades selváticas de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como en otras áreas andinas como Puno.
Imágenes de televisión mostraban también marchas de apoyo en la ciudad sureña de Arequipa y Moquegua.
En Lima, los mayores sindicatos de Perú preparaban una marcha hacia Palacio de Gobierno en apoyo a los indígenas.
Las protestas son las peores que enfrenta el Gobierno neoliberal de Alan García y llegaron a afectar el suministro de petróleo. A fines de la semana pasada, un violento enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los nativos dejaron al menos 33 muertos.
Gobierno retomará diálogo
El primer ministro, Yehude Simon, dijo en una conferencia de prensa en Lima que el Gobierno asume su responsabilidad en el tema, pero precisó que en las protestas de los nativos hubo "un aprovechamiento político" de grupos opositores.
El Gobierno buscará retomar el diálogo con representantes indígenas (Apus) para realizar cambios a las leyes, afirmó.
"Queremos en nuestras regiones amazónicas (...) poder trabajar con los verdaderos APUS y nos reuniremos para buscar una solución", dijo Simon a la prensa extranjera.
El Congreso suspendió la vigencia de las polémicas leyes, entre ellas la discutida "Ley Forestal y de Fauna Silvestre", para realizar "sustanciales modificaciones" en las normas en consenso con los grupos indígenas.
La suspensión no definitiva de las normas fue rechazada por el opositor Partido Nacionalista y nueve de sus legisladores realizan una huelga de hambre en el Congreso en demanda de la eliminación rotunda de las leyes.
El líder de los indígenas amazónicos Alberto Pizango salió del frente de lucha luego de que Nicaragua le otorgó el martes asilo político, tras ser acusado por el Gobierno peruano de sedición, conspiración y rebelión.
Ahora Pizango permanece refugiado en la sede de la embajada de ese país en Lima a la espera de un salvoconducto del Gobierno de Perú que le permita viajar al país centroamericano.
Las protestas provocaron la renuncia de una ministra del equipo de Gobierno, conformado por 15 miembros, dejando abierta la posibilidad a un pronto reajuste en el Gabinete de García.
"Yo tengo responsabilidad ciertamente, y la asumo y me llevaré hasta mi muerte la responsabilidad que me corresponde, pero no manchada mi conciencia de sangre, ni mis manos de sangre, ni ninguno de los ministros", dijo Simon.
Diversos sindicatos laborales del país se han solidarizado con los indígenas y exigen la renuncia del gabinete de Simon por su "intolerancia" en el manejo de la crisis.
"No voy a renunciar por presiones de partidos políticos, yo saldré por mi conciencia y cuando el presidente de la República diga hasta aquí no más", dijo Simon.
Reuters
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