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Tras admitir que la ofensiva de las instituciones del Estado contra la emisora obedece a un "tema es de salud mental", el ministro subrayó que los directivos de Globovisión "se toman un frasco de veneno en la mañana, se lo dan a sus periodistas y esperan que el que se muera sea el pueblo, que se muera Chávez".

"Hemos solicitado que sean las autoridades judiciales quienes determinen si hay la comisión de delitos" penales y si lo hacen deberán aplicarse los castigos respectivos, advirtió.

"Aquí pareciera que hay quienes creen que el mejor salvoconducto que puede tener un delincuente es poner manos en un medio, que eso le garantiza que nadie lo va a tocar", y así comenten "delitos ambientales" y acaparan vehículos "en sus casas", añadió Cabello en clara alusión al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.

En su condición de socio de concesionarias de vehículos, Zuloaga fue acusado ayer por la Fiscalía de usura debido al supuesto acaparamiento de 24 automotores descubiertos el mes pasado en una de sus viviendas, la que hoy volvió a ser allanada para retirar piezas de animales disecados que el empresario tiene como trofeos de caza.

Tras informarse de las multas, el director de la emisora, Alberto Federico Ravell, dijo que Globovisión es víctima de "terrorismo judicial, fiscal y gubernamental", que, entre otras, busca su colapso operativo.

Ravell reaccionó así después de recibir una notificación de la oficina tributaria Seniat que asegura que la cadena debe pagar "5,07 millones de bolívares (2,35 millones de dólares) por concepto de impuestos no pagados" correspondientes a 2002-2003.

A esa cantidad se suman otros 582.000 bolívares (270.697 dólares) de multa impuesta a la cadena privada de noticias en 2003 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que dirige Cabello, por presuntamente operar frecuencias no autorizadas.

Terra / EFE