|
Ortega señaló que "pareciera que todas esas causas" contra medios opositores de televisión y prensa "guardan relación entre sí, por lo que, según la doctrina penal, deben acumularse en un solo expediente", informó un comunicado del Ministerio Público.
La Fiscal General expresó que le preocupan "los procesos que cursan" ante su despacho "en relación con medios de comunicación", que "han tomado espacios para crear cierta angustia y zozobra en la ciudadanía".
Esos medios de comunicación "en lugar de informar, recrear o educar, se han convertido en instigadores", añadió Ortega, de acuerdo al pronunciamiento del Ministerio Público.
Argumentó que ayer fue presentada ante la Fiscalía una denuncia contra la cadena privada de noticias Globovisión "relacionada con el grado de angustia y de impacto que se genera en la sociedad con la transmisión de determinadas informaciones".
El ex alcalde y dirigente oficialista Giancarlo Di Martino dijo ayer a la televisión estatal VTV que denunciaría a Globovisión por "instigar al pánico y la zozobra en la población y mantener una brutal campaña de destrucción moral, criminal y antiética".
Globovisión, acusada de "terrorismo mediático" por el Gobierno, enfrenta tres expedientes administrativas abiertos en los últimos seis meses por el ente regulador de las telecomunicaciones que podrían derivar en su cierre temporal o total.
En la última semana, la Fiscalía ha abiertos dos averiguaciones contra el presidente de Globovisión, el empresario Guillermo Zuloaga, por los casos de una presunta "retención irregular" de 24 vehículos nuevos, y un supuesto "delito ambiental" por tener cabezas disecadas de animales como trofeos de caza en una de sus casas.
Ayer, la Fiscalía informó que abrió una investigación al diario opositor La Verdad, del estado de Zulia, acusado por un grupo de 15 diputados oficialistas de haber instigado a su asesinato masivo.
El legislador Mario Isea acusó el martes ante la Fiscalía al rotativo porque en su edición del pasado 27 de mayo planteó que los representantes de Zulia ante la Asamblea Nacional "deben ser ahorcados en la avenida 5 de Julio" de Maracaibo.
El periódico se defendió diciendo que lo que hizo fue publicar una noticia sobre una manifestación estudiantil en la que recogió una entrevista a un vendedor ambulante, quien expresó su opinión sobre algunos legisladores de la región de Zulia.
"No es atribuible a La Verdad lo que sienten muchos zulianos y venezolanos", indicó ayer el diario en un editorial, y lamentó que los diputados "en lugar de aceptar la critica realizada por un ciudadano a través de este medio y corregir sus acciones, prefieran (...) acusar, nuevamente, a un medio (..) de instar al delito".
El Colegio Nacional de Periodistas (CNE) ha denunciado que los medios críticos del presidente venezolano, Hugo Chávez, son amenazados y sufren persecución y hostigamiento por parte del Gobierno y sus aliados. EFE
|
