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Tras insistir en que el objetivo de esos medios es "incitar" a su asesinato, Chávez exigió a su ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, y a los titulares de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y de Conatel, órgano estatal que regula a los medios, "a que cumplan con su obligación ante el pueblo, que para eso están ahí".
De lo contrario, "¡que renuncien, que se vayan de sus cargos y que (sean reemplazados por) gente con coraje!", exclamó en su programa de radio y televisión "¡Aló, presidente!".
"No me lo pueden dejar a mí nada más, es problema de todos, de toda la sociedad. Yo voy a esperar a que se cumpla lo que tiene que cumplirse", pero "si no ocurriera lo que tiene que ocurrir, yo voy a tener que actuar; yo mismo, valga la redundancia", subrayó.
El jefe de Estado agregó que en el pasado, y debido a "ineficacias y vacíos que aún tenemos", debió actuar personalmente con sanciones, en aparente alusión a los 20.000 trabajadores de la estatal petrolera que despidió.
De no actuar el Estado contra medios de comunicación que "envenenan a la gente", añadió, "seríamos corresponsables, cómplices y culpables de no ejercer la autoridad".
"¿Saben lo que yo quisiera? Que los que están detrás de ese manejo enfermizo recapacitaran y rectificaran. Ojalá y utilizaran esas herramientas, muy buenas para el debate, la crítica, la cultura, la información, pero no para el veneno y para el delito", pero "hay razones para tener pocas esperanzas", sostuvo.
El gobernante no identificó en concreto a ningún medio de prensa ni si la acción que espera es el cierre definitivo de alguno de ellos.
Sin embargo, durante su intervención subrayó que el empresario Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión "es un mafioso".
Zuloaga también es socio de varias concesionarias a las que el Gobierno señala como acaparadoras y especuladoras en la comercialización de vehículos.
El ministro de Comercio, Eduardo Samán, pidió ayer formalmente que se determinen los delitos en los que habrían incurrido los representantes de concesionarias de vehículos, entre ellos Zuloaga.
La petición de Samán a la Fiscalía se produjo un día después de que el pleno de la unicameral Asamblea Nacional aprobara un exhorto para "ejecutar las acciones necesarias para la imputación y enjuiciamiento" de los involucrados.
El proponente del exhorto, el diputado oficialista Manuel Villalba, denunció una "salvaje campaña mediática" que reseña el asunto "como una retaliación política" contra la prensa, al verse involucrado Zuloaga.
Terra / EFE
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