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El informe de la CIDH incluyó a Venezuela en el grupo de países que "necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos".
Un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores indicó que tales calificativos son consecuencia de que el informe no se basa en indagaciones propias sino que "toma como base exclusiva señalamientos hechos por medios de comunicación".
Añade que la admisión como elementos de juicio de hechos "no corroborados" es consecuencia de que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abandonado su condición de Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos".
La CIDH es ahora, según el comunicado, "un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región".
Por ello, sostiene la Cancillería, la CIDH tiene seis años acusando a Venezuela de afectar gravemente el disfrute de derechos fundamentales "a pesar de no haber logrado comprobar violación alguna".
El comunicado explica que desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder, la CIDH dejó de ser imparcial en sus análisis hasta el punto de "reconocer implícitamente" al gobierno de facto que en abril de 2002 derrocó por unas horas a Chávez.
"Es necesario recordar que la Comisión visitó Venezuela en el mes de mayo de 2002, poco tiempo después del golpe de Estado y, en vez de condenar este atentado contra las instituciones democráticas, justificó las acciones de sus autores", dice la nota.
Por otra parte el Gobierno venezolano pide a la CIDH que no asuma potestades que no tiene y se limite "a las relaciones de cooperación y protección de un derecho, sin pretender controlar las funciones y competencias que cumplen las instituciones de los Estados".
Insiste, además, en que respete "los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, elimine la aplicación de un doble rasero y la politización, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados".
Terra / EFE
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