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Más temprano en el día, la legislatura venezolana aprobó una ley que permite la estatización de un grupo de empresas de servicios petroleros. Chávez dijo que las tomas de control comenzarían rápidamente en el centro de actividades petroleras de lago Maracaibo, en el estado occidental de Zulia.
"Mañana comenzamos a recuperar bienes, activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social como ha debido de ser siempre", declaró Chávez, quien agregó que miles de trabajadores pasarían a formar parte de la compañía petrolera PDVSA.
Pero miembros de un grupo de negocios de Zulia que representa a las firmas petroleras locales dijeron a Reuters que soldados tomaron el control en la noche del jueves de las instalaciones de 20 compañías en la parte oriental del lago.
La ley facilita al Gobierno confiscar bienes de grandes empresas de servicios como la estadounidense Halliburton y el proveedor global Schlumberger, en momentos en que PDVSA acumula millones de dólares en deudas con contratistas debido al fuerte retroceso de los precios del crudo.
El presidente socialista nacionalizó hace dos años proyectos petroleros equivalentes a miles de millones de dólares y ahora tiene como objetivo a las firmas de servicios más pequeñas, con las que el Gobierno tuvo dificultades de pago debido a la baja de los ingresos del crudo en meses recientes.
La ley afectaría directamente al productor de gas natural estadounidense Williams Companies Inc, propietario principal de una instalación de compresión de gas en Venezuela, y que en abril registró una rebaja contable por 241 millones de dólares por una deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La medida podría causar un declive en la producción de crudo del país, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pues podría generar retrasos en servicios clave tras varios años de pocas inversiones en PDVSA, que financia programas sociales que sustentan la popularidad de Chávez.
"Esta pareciera ser una salida fácil a su actual problema de deuda con las empresas de servicios, pero es una solución efímera", dijo Antoine Halff, vicepresidente de investigación del Newedge Group en Nueva York.
"Primero, hay dudas respecto cuán bien PDVSA podría operar esas empresas de servicios, pero también hay preguntas respecto a cómo esto afectaría futuras inversiones en proyectos petroleros", agregó.
La ley pone al Estado a cargo de empresas proveedoras de diversos servicios, -incluyendo la reinyección de gas y agua, transporte marino en el petrolero Lago de Maracaibo- y autoriza a PDVSA a tomar a las firmas involucradas en esas operaciones.
Además, permitirá compensar a las firmas con bonos, en lugar de efectivo, ordenar tomas preventivas de instalaciones mientras las disputas se dirimen en cortes y posiblemente anular contratos existentes.
Empresa de servicios estatales
Entre las empresas de servicios petroleras que trabajan en Venezuela están Baker Hughes y BJ Services.
"Un sector tan importante como es el petrolero no puede estar sujeto al capricho de ningún ente privado sino que tiene que estar sujeto al control del Estado", dijo a periodistas el miércoles ministro de Energía Rafael Ramírez.
Además, afirmó que el Gobierno publicará una lista de las empresas que serían tomadas bajo esta legislación, y agregó que Williams Companies estaba al alcance de la ley.
La jugada parece apuntar a empresas específicas golpeadas por graves problemas de flujo de caja debido a la falta de pago por parte de PDVSA, que el año pasado alcanzaban unos 8.000 millones de dólares a contratistas y proveedores.
Las deudas con Williams Companies se están haciendo cada vez más evidentes y las empresas de transporte en el Lago de Maracaibo han enfrentado repetidas huelgas de trabajadores que no han recibido pagos.
Pero, representantes de grandes empresas de servicios están preocupadas de que en algún momento la medida las alcance a ellas también.
"De la forma que esta redactada, es evidente que pueden tomar nuestros activos en cualquier momento", dijo un ejecutivo de una importante empresa de servicios solicitando anonimato. "Además, la naturaleza confiscatoria de la ley es bastante alarmante", agregó.
El Estado tendrá ahora la opción de tomar firmas de la misma manera que nacionalizó en el 2007 cuatro multimillonarios proyectos petroleros de la Faja del Orinoco.
Reuters
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