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La sentencia, elaborada por la Sala Constitucional, establece que el amparo es viable "en el supuesto de una amenaza de violación de derechos o garantías constitucionales".
Añade que el amparo no es un medio de "anticipación a hechos o actuaciones que, de estimarse en arbitrarias o ilegales, tendrán que ser impugnadas por las vías judiciales idóneas, eficaces y acordes con la pretensión deducida".
La denuncia contra ambos canales fue presentada el 6 de noviembre de 2008 por la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de la Equidad (Fundaequidad).
El Supremo considera en la sentencia que la denuncia no es una prueba de que los canales hayan delinquido ni su materialización pone en peligro la vigencia de los derechos constitucionales de ambos.
La sentencia dice que la simple denuncia "no es prueba fehaciente alguna de la que se desprenda la inminencia de la amenaza de violación que imputan a las plantas televisoras accionadas".
Añade que Fundaequidad "sólo se limitó a señalar la presunta inconstitucionalidad de las respectivas transmisiones puntuales. Tampoco consignó en este caso prueba que tuviese valor jurídico, que demostrase tales hechos."
Además, aclara que el contenido de la denuncia es una "cuestión regulada en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el Código Penal, y no una infracción directa de disposiciones consagratorias de derechos constitucionales".
Uno de los aspectos incluidos por Fundaequidad en su denuncia fue que Globovisión y RCTV difundieron programas en los que se indicó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, "posee vínculos con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y organizaciones terroristas".
Terra / EFE
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