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Por lo pronto, el estimado del daño patrimonial ocasionado apenas durante 2008 –el último año de la administración Cabello- arroja una cantidad importante: más de 230 millones de bolívares fuertes.
¿Cómo define la situación que encontraron al llegar a la gobernación de Miranda?
Fue una bacanal administrativa lo que hicieron durante las últimas dos semanas de gobierno e incluso en el periodo de transición. Y en general en todo el 2008, que es lo que hemos venido investigando. Ya se han formalizado denuncias de varios casos, como los gastos hoteleros, por ejemplo: en 2008 se gastaron cerca de 10 millones de bolívares de los viejos en gastos de hospedaje en dos hoteles.
¿Hospedaje para quién?
En el caso del hotel Anauco Suites se hicieron dos pagos por 2 millones 800 mil bolívares fuertes, pero las facturas no discriminan el concepto ni cuántas personas se hospedaron, ni cuántas noches ni el número de habitaciones. Lo que aparece es una orden de pago que señala el gasto por concepto de hospedaje de médicos cubanos para realizar estudios de genética en diversas poblaciones de Miranda. Tampoco se conocen los resultados de esos estudios, ni cuántas personas participaron ni durante cuánto tiempo. Ese fue un pago que se hizo el 27 de noviembre, ya en el periodo de transición y que se repite al día siguiente: es un pago doble que suma 5 millones 600 mil bolívares.
¿Y cuál es el segundo hotel?
Es el hotel Gran Casino, ubicado en los Altos Mirandinos. En el último año se gastaron en ese hotel 3 millones 500 mil bolívares. De esos, 1 millón 300 mil no aparecen las facturas. Y también se pagaron entre el 27 y 28 de noviembre.
¿Eso forma parte de las denuncias presentadas a la Fiscalía?
Sí. En Fiscalía también están las obras sin licitación realizadas por el Instituto de Infraestructura de Miranda, Inframir. La práctica “natural” aquí era declarar la emergencia, contratar a las empresas sin licitación y después montaban la formalidad de contratos. En este caso, se trataba de obras que estaban en ejecución al momento de haber perdido ellos las elecciones y que para que nosotros no tuviéramos chance de revisar nada, transfirieron su ejecución y sus recursos a dos instituciones. Es decir, un conjunto de obras se transfirió a una fundación adscrita al Ministerio de Educación. Pero esas mismas obras y la misma cantidad de fondos fueron transferidas a otra fundación adscrita al Ministerio de Salud. Entonces hubo una doble transferencia que representa 20 millones de bolívares.
¿Qué más incluyó ese paquete de denuncias?
También está el caso de las compras al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, Ipsfa. El mayor proveedor de la gobernación de Miranda era Inversora Ipsfa. Se le compraba todo, desde un bloque hasta un autobús. Siendo una empresa del Estado permitía evadir los procedimientos y buscar la mejor oferta como señala la Ley de Contrataciones Públicas. De una revisión aleatoria de los pagos encontramos vehículos que fueron vendidos en dos oportunidades a la gobernación. Por ejemplo, el mismo camión 350 lo compraron en 2006 y en 2007. Encontramos además una factura de 180 mil bolívares fuertes que pagaron a la carrera en noviembre y en realidad hicieron el pago por 1 millón 300 mil bolívares fuertes. Se le compraba al Ipsfa flotas de vehículos que se pagaban y no eran entregados.
Esas transacciones que involucran montos tan elevados, ¿siempre tenían que pasar por el despacho del gobernador o no necesariamente es así?
Las compras del Ipsfa pasaban por su despacho y el gobernador aprobaba los puntos de cuenta. Las órdenes de pago por las cuentas de los hoteles están aprobadas por el hoy ex gobernador. El gobernador es el máximo garante de los bienes y fondos públicos del estado. Las obras de las que hablamos, por ejemplo, son de Inframir y ese instituto tiene su presidente pero la máxima autoridad es el gobernador. Y el gobernador forma parte de la junta directiva de Inframir.
En el caso de las compras al Ipsfa, ¿no se presume que si le compra a un ente del Estado esa sea la mejor oferta posible?
Claro, pero te encuentras con otra cosa: el presidente de Inversora Ipsfa es Ramón Rafael Campos Cabello, quien a su vez es hermano de Luis Campos Cabello, quien era el director de despacho del gobernador. Y los dos son primos del gobernador. Eso es una irregularidad porque no deberías contratar con empresas cuyos directores o presidentes sean familia tuya, aunque se trate de empresas del Estado.
¿Qué debería pasar ahora una vez que ya se presentaron las denuncias formales?
A la Fiscalía le corresponde calificar este tipo de denuncias, encuadrarlas dentro de un supuesto delictivo y verificar quiénes pudieran ser los supuestos responsables de estos delitos y procesarlos.
¿Y saben si la Fiscalía ha hecho actuaciones a partir de las evidencias que manejan?
No hemos tenido ninguna información.
¿Y hará algo la Fiscalía?
Como abogado y procurador del estado Miranda tengo que creer en las instituciones. La credibilidad de las instituciones está en sus actuaciones. Aunque también depende de nosotros como ciudadanos exigirle que investigue. Es la única vía que tenemos.
Han seguido encontrando nuevos casos?
Estamos preparando otras denuncias, como una transferencia irregular que se hizo después de las elecciones de 150 millones de bolívares fuertes bajo la disminución de una partida y la creación de otra, transfiriéndole ese dinero a una superintendencia de consejos comunales. Con eso se violaron procedimientos administrativos porque se trata de un decreto que no fue publicado en Gaceta y tampoco se hicieron los trámites ante el Consejo Legislativo que debía aprobar eso. Y si esa superintendencia no entrega el dinero a consejos comunales de Miranda, eso se traduce en una pérdida patrimonial para el estado.
¿En cuánto estiman ustedes el daño patrimonial en 2008?
Lo que hemos investigado supera los 230 millones de bolívares fuertes. Eso en las primeras investigaciones.
¿Ha habido alguna respuesta de los representantes de la gestión anterior o del propio Diosdado Cabello a propósito de las denuncias?
No que yo sepa. Lo que sí hubo fue una solidaridad automática de los alcaldes oficialistas. Pero en esto lo que hay que resaltar es que estamos hablando de oportunidades que se les fueron a los mirandinos en apenas semanas. Son 230 millones en oportunidades que se perdieron los mirandinos. Cuando contratas una escuela o una plaza o un hospital sin licitación y no ejecutan la obra bien, ¿quién sale perdiendo? Sale perdiendo el el enfermo, el niño que va a la escuela o el ciudadano que va a la plaza.
¿Por qué es la procuraduría la encargada de estas investigaciones y no la contraloría regional?
La procuraduría lo hace porque está dentro de sus responsabilidades. Como procurador soy fiscal superior de rentas, tengo competencias de fiscalización y tenemos que hacerlo, sin menoscabo de las competencias que puede tener la contraloría u otros organismos. Es nuestro deber informar al pueblo de Miranda lo que sucedió aquí.
Óscar Medina / Directo desde Caracas
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 "Calculan en más de 230 millones de bolívares daño patrimonial en Miranda")
