|
La cancillería venezolana no se ha pronunciado sobre el proceso de "evaluación integral" de sus relaciones con Lima, que anunció anoche mediante un comunicado como medida de "protesta" por el asilo a Rosales.
Funcionarios del Ministerio de Exteriores venezolano consultados dijeron desconocer cuándo llegaría a Caracas el embajador en la capital peruana, llamado a consultas por el caso del líder opositor y alcalde de Maracaibo, según se anunció anoche oficialmente.
Al respecto, el presidente de Perú, Alan García, afirmó: "tenemos una posición de amistad con el Gobierno venezolano y esta decisión no alterará las relaciones con ese país".
El mandatario peruano recalcó que "la primera obligación" de un Gobierno es "generarle protección a quien se sienta amenazado", motivo por el que accedió a conceder el asilo al líder opositor venezolano.
A su turno, el primer ministro peruano, Yehude Simon, lamentó que la situación haya complicado las relaciones con Venezuela, pero aclaró que "por tradición y democracia tenía que asumir lo que ha hecho el Perú".
Apuntó, además, que el Gobierno peruano hará "todas las coordinaciones para que se den las explicaciones del caso", aunque precisó que sus comentarios son a título personal.
Entretanto, continuó el repudio a la medida peruana por parte de representantes del oficialismo venezolano y los aplausos a la misma de los líderes de la oposición.
El dirigente oficialista Gian Carlo Di Martino, ex alcalde de Maracaibo y quien entregó el cargo a Rosales tras las elecciones del pasado noviembre, aseguró que Lima concedió a Rosales "un asilo viciado".
La medida peruana "atenta contra el Derecho Internacional y las relaciones diplomáticas entre ambos países, violando el principio de reciprocidad", argumentó Di Martino, informó la agencia estatal ABN.
Añadió que el Gobierno del presidente peruano, Alan García, "burló" al venezolano "al contradecir el tiempo que le otorgarían al caso para analizarlo, pasando de solicitar dos meses a dos semanas para revisar el expediente, y salir ayer con el otorgamiento del asilo".
Rosales "es un prófugo" de la justicia venezolana, por lo que una vez emitida la "sentencia firme" sobre el caso "Venezuela está en plena autoridad para solicitar su extradición", resaltó Di Martino.
Germán Saltrón, representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), aseveró por su parte que "Perú se ha convertido en un Estado forajido que da refugio a los corruptos".
En un comunicado oficial, Saltrón destacó que "no es la primera vez que el Estado peruano otorga asilo a ciudadanos venezolanos incursos en irregularidades en el manejo del erario público", y citó el caso del ex gobernador del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi.
En ese sentido, la agencia estatal de información publicó este martes que el Gobierno de Alan García ha otorgado asilo político argumentando "razones humanitarias" a "tres venezolanos prófugos de la justicia venezolana", incluidos Rosales y Lapi.
Lima concedió en 2007 asilo al ex líder sindical Carlos Ortega, procesado por "rebelión civil", entre otros delitos asociados a su supuesta participación en el golpe de Estado que derrocó brevemente a Chávez en abril de 2002.
También en el 2007 el ex gobernador de Yaracuy y opositor recibió asilo en Perú, tras escapar de una prisión venezolana donde se encontraba mientras era procesado por presunta corrupción, precisó la información de la agencia oficial.
Por su parte, William Ojeda, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por Rosales, agradeció a Perú por haber concedido el asilo al líder opositor y lo alabó como un país "que defiende los Derechos Humanos, ciudadanos y políticos". EFE
|
