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Rosales fue acusado en marzo pasado por la Fiscalía de presunto "enriquecimiento ilícito" en el período 2002-2004, cuando era gobernador reelegido del estado occidental de Zulia, un delito que acarrea penas de entre tres y diez años de cárcel.
La Fiscalía ha solicitado cárcel preventiva para el líder opositor, lo que será decidido en la audiencia ordenada para por el Tribunal 19 de Control de Caracas, donde fue radicado el caso a pedido del Ministerio Público y con el aval del Supremo venezolano.
El líder opositor quien al parecer se cansó de insultar al Mandatario y de desafiar al Gobierno, se niega a dar la cara ante la justicia y responder por los hechos que se le acusan.
Caso de corrupción
El pasado 19 de marzo, la fiscal 11 con competencia nacional, Katiuska Plaza, introdujo en los tribunales de Maracaibo un escrito acusatorio contra el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, por enriquecimiento ilícito durante su gestión política, a la par que solicitó dictarle una medida privativa de libertad por considerarlo de gravedad.
La presentación del acto conclusivo que consta de 26 piezas, le refiere a Rosales el delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 46 en sus numerales I y II.
La imputación contra Rosales, efectuada el pasado 11 de diciembre de 2008 parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución, entre 2002 y 2004 a su declaración jurada de patrimonio.
Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del estado Zulia registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
Rosales adquirió tras la imputación, los derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), sobre el conocimiento de las actas que conformaron la investigación, así como la posible solicitud de diligencias y actuaciones que considerara pertinente realizar.
En diciembre pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para Rosales por irregularidades en la contratación de una operadora de la Lotería del Zulia. Esta sanción política obedeció al conjunto de denuncias pre¬sentadas ante el Parlamento por los legisladores nacionales y estatales.
En dicho informe se constató el tráfico de influencia y concierto con intermediarios.
Entre otras denuncias que se presentaron contra Rosales el año pasado, se menciona que realizó una concesión de más de 300 vehículos en condición de donaciones. Sin embargo, estos automóviles fueron utilizados para actividades privadas. Uno de los vehículos fue entregado al actual director de la policía estatal, comisario Jesús Cubillán.
Expectativa por el juicio
En la audiencia programada hoy por el Tribunal 19° de Control del área metropolitana de Caracas, se decidirá si se admite o no la acusa¬ción interpuesta por la fiscal 11 con competencia Nacional -Katiuska Plaza-, el pasado 19 de marzo.
Cabe destacar, que recientemente el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 19° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas que lleva el caso del ex gobernador del Zulia, la medida preventiva de aseguramiento de bienes que sean propiedad del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales Guerrero, basado en el pre¬sunto daño que el acusado puede causar al patrimonio público.
La fiscal 11 consignó esta nueva solicitud ante el tribunal de la causa, con base en lo estipulado en la Ley Contra la Corrupción y lo que contempla por analogía el Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, el artículo 94 de la Ley Contra la Corrupción, señala que "cuando existieren in-dicios graves, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control, el aseguramiento de bienes del in¬vestigado hasta por el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado por el investigado al patrimonio público".
Su carrera política
Manuel Rosales fue miembro Fundador de la Universidad del Sur del Lago, inició su carrera política ingresando en el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), destacándose en cargos como: Secretario de Organización del Comité Local Leonardo Ruiz Pineda, Secretario General de la Juventud de AD en el municipio Colón en el Estado Zulia, Secretario General de AD en ese mismo municipio, miembro de la Dirección Juvenil de AD en el Estado Zulia, entre otros.
Fue auditor Interno del Concejo Municipal en el mismo municipio para el período 1973-1974; Concejal Principal de Santa Bárbara del Zulia en el municipio Colón por el período 1979-1982; diputado Principal a la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia para el período 1983-1994.
Fue Alcalde de Maracaibo, la capital zuliana y la segunda mayor ciudad del país, desde 1996 hasta 2000.
Acción Democrática lo seleccionó como candidato a Gobernador del Estado Zulia para las elecciones de 1998 obteniendo algo más del 44% de los votos, pero siendo derrotado por el miembro de La Causa R, Francisco Arias Cárdenas.
Durante 2002 firmó y avaló el decreto que proclamaba a Pedro Carmona Estanga Presidente de la República, tras derrocar brevemente a Chávez tras el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
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