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La Fiscalía informó en un comunicado que pidió la prisión de Giménez por considerar que había "peligro de fuga", ya que desatendió tres citaciones el mes pasado en el marco de un proceso penal por hechos de corrupción que se le imputan y que habría cometido entre 2004 y 2007 en el cargo de gobernador regional.
El ex gobernador, cuyo paradero es desconocido, está señalado de haber autorizado contratos con proveedores por el equivalente a más 30 millones de dólares sin licitación y bajo la excusa de atender unas supuestas emergencias provocadas por lluvias en Yaracuy.
Esas insistencias ante la justicia demuestran que "no hubo disposición de acogerse al proceso penal", remarcó la Fiscalía.
Giménez fue destituido e inhabilitado en junio pasado por la Sala Plena del por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que halló méritos suficientes para abrirle un "antejuicio de mérito", procedimiento judicial especial del que gozan los altos funcionarios públicos venezolanos, que sirve para determinar si existen o no "méritos" o causas para iniciar un juicio.
Este ha sido el primer "antejuicio de mérito" aprobado por el TSJ en el marco de la nueva Constitución, vigente desde diciembre de 1999, y permitió que Giménez pasara a disposición del tribunal de Yaracuy que hoy ordenó el encarcelamiento pedido por la Fiscalía.
La titular de la Fiscalía General, Luisa Ortega Díaz, lo acusa de los delitos de "peculado doloso impropio, evasión de proceso licitatorio y concierto con contratistas".
Giménez ha negado los hechos y, además, ha dicho que el juicio en su contra "es un hecho viciado y aberrante", porque en él, alega, se han "violado el debido proceso" y su derecho "a la defensa".
El ex gobernador de Yaracuy ha dicho en otras ocasiones que la Fiscalía lo acusa de presunta corrupción por "razones personales", lo que esa instancia judicial ha rechazado.
El que la Fiscalía no haya pedido antes la detención del ex gobernador de Yaracuy y sí la del ex gobernador del Zulia Manuel Rosales había sido esgrimida por la oposición a Chávez como una "evidencia" de que "tiene secuestrados" a los poderes del Estado.
A diferencia de Giménez, Rosales, quien perdió frente a Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, fue imputado cuando ya había dejado el cargo de gobernador, y en su actual posición como alcalde de Maracaibo (oeste) no está protegido por el "antejuicio de mérito".
Rosales debe presentarse el próximo 20 de abril ante un tribunal de Caracas, que entonces decidirá si lo encarcela o le permite defenderse en libertad de la acusación de enriquecimiento ilícito que le imputa la Fiscalía.
Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), al que pertenece Rosales, dijo el martes pasado que éste se mantiene "resguardado" y que seguirá oculto "hasta que existan condiciones que le garanticen su adecuada defensa" y mientras no cese "la persecución policial" a la que, denunció, ha estado sometido.
Terra / EFE
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