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En la declaración final de la cita en Buenos Aires, los ministros "condenaron cualesquiera acciones intimidatorias contra la República Bolivariana de Venezuela o cualquier otro país que puedan afectar su desarrollo económico y social y su ocupación con los países del Sur".
Los titulares de Exteriores recordaron que, "de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos de acuerdo con sus propias leyes y sus políticas de desarrollo".
El canciller Nicolás Maduro se había referido más temprano al conflicto abierto entre el Gobierno de Caracas y la estadounidense Exxon por la faja petrolera del Orinoco para denunciar que el tema pasó del terreno de la disputa legal "al orden de lo político".
Durante su intervención en el plenario de la reunión, Maduro dijo que la petrolera "pretende ser dueña de los activos de la faja del Orinoco, llegando al extremo de registrar como activos propios las reservas petroleras venezolanas".
"Venezuela se encuentra en estos momentos en un litigio que va más allá de lo legal, que ha escalado en el orden de lo político, y nosotros estamos en el orden de la defensa de la soberanía de nuestro país", afirmó.
El jefe de la diplomacia sostuvo que "se ha pretendido saquear las cuentas de Venezuela e influir sobre decisiones soberanas".
Maduro agradeció "la solidaridad expresada" en el foro Aspa, que reúne a 34 naciones, "con esta causa de Venezuela, que es también la lucha histórica de la recuperación de los recursos que pertenecen a todos los pueblos".
Exxon Mobil fue obligada el pasado año por el Gobierno de Hugo Chávez a dejar sus operaciones en el Orinoco, tras negarse a asociarse en una empresa mixta con la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
El conflicto debe ser dirimido por un arbitraje internacional, pero de momento Exxon logró que un tribunal de Nueva York congelara una cuenta bancaria de PDVSA con 315 millones de dólares, y que otros jueces del Reino Unido y Holanda inmovilizaran activos venezolanos por hasta 12.000 millones de dólares.
Caracas sostiene que en esos dos países no tiene propiedades ni cuentas por ese monto.
Terra Venezuela / EFE
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