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Armadas con sólo rosarios, este reducido grupo de religiosas a
las que la gente llama cariñosamente "ángeles protectores" forman un
inquebrantable cordón de seguridad en torno a su protegido cuando
debe salir del refugio para declarar en calidad de testigo. Ataviadas con el hábito blanco de su respectiva orden religiosa,
las monjas caminan cogidas de la mano mientras rezan, y como haría
en su lugar un guardaespaldas profesional, empujan sin miramiento a
todo aquel que pretende aproximarse a la persona que protegen. Casi todas ellas son mujeres de físico menudo y no han hecho un
cursillo de artes marciales, pero infunden mucho respeto en este
país en el que con un puñado de calderilla es posible contratar los
servicios de un pistolero a sueldo, y se dice que los tribunales de
justicia son incompetentes y corruptos. Sor Estrella Castalone, de la Asociación de Superioras
Religiosas, está al mando del grupo integrado por una decena de
monjas católicas de las Hijas de la Caridad, y de otras ordenes
religiosas como las Hermanas Salesianas y del Buen Samaritano, que
desempeñan esta clase de misión cuando reciben instrucciones del
obispado de Manila. "Este es un riesgo que la Iglesia asume", indicó Angel Lagdameo,
presidente de la influyente Conferencia de Obispos Católicos de
Filipinas, después de que el "comando" de monjas protegiera con
éxito al principal testigo del nuevo caso de corrupción que encharca
a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Como ocurría en tiempos del dictador filipino Ferdinand Marcos,
cuando los miembros del clérigo liderados por el fallecido cardenal
Jaime Sin acorazaban a los opositores perseguidos, las religiosas
consiguieron mantener vivo y a salvo a Rodolfo Lozada para que
relatara ante el Senado los sórdidos detalles de ese caso de
corrupción. El relato de Lozada, quien acusó al marido de la presidenta, José
Miguel Arroyo y a un destacado funcionario de exigir una comisión de
130 millones de dólares para que el Gobierno aprobara un contrato de
329 millones para la instalación de una red nacional de internet por
banda ancha, ha sumido a Filipinas en una tempestad política que
puede hacer zozobrar a Macapagal Arroyo. Por temor a que se cruce por delante una bala asesina, Lozada, un
ex funcionario convertido en hombre de negocios con familia, está
cobijado desde ese mismo día en un convento de la capital filipina,
y en cada una de sus salidas a la calle para testificar, es
resguardado por estas monjas convencidas de que también con rezos se
ganan batallas. "El testigo se siente más seguro y tranquilo cuando estamos a su
lado", dijo sor Mary John Mananzan sobre Lozada, visto por un amplio
sector de la sociedad como un héroe por atreverse a desvelar las
supuestas prácticas corruptas de la Administración de Macapagal
Arroyo. La defensa de Lozada forma parte de la cruzada que la oposición y
la Iglesia católica filipina han emprendido para denunciar la avidez
de los miembros del Gobierno, que sostiene su inocencia y que la
lucha contra la corrupción es una de sus prioridades. Lozada tiene, de momento, más suerte que los 14 jueces y 26
abogados que han sido asesinados desde 2001, año en el que Macapagal
Arroyo asumió la presidencia, según los datos facilitados por el
Tribunal Supremo y la Unión Nacional de Letrados. El senador Francis Pangilinan, precursor con la Iglesia del fondo
de dinero destinado a costear la defensa legal de aquellos filipinos
que decidan denunciar casos de corrupción, ha desacreditado el
Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia,. "No ofrece garantías de protección dado que uno de los implicados
es el marido de la presidenta, y además el programa lo administra
uno de sus ministros más leales", apuntó el senador Pangilinam.
Terra/EFE
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