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Los jueces lores de la máxima instancia judicial británica
establecieron que la víctima, una maestra retirada que responde a la
inicial "A", puede pedir una compensación a pesar de que el periodo
límite para solicitarla, de seis años, ya ha expirado. El agresor, Iorworth Hoare, calificado por la prensa como "el
violador de la lotería" y con antecedentes de violación, no tenía
dinero cuando fue condenado a cadena perpetua por el tribunal de
Leeds (centro de Inglaterra) en mayo de 1989 por el ataque a "A". En agosto del 2004, Hoare, de 53 años, ganó siete millones de
libras (unos 9,2 millones de euros) en un bote de la lotería tras
comprar un billete durante una jornada con permiso de salida y poco
antes de ser puesto en libertad condicional. El dictamen de hoy de la máxima instancia judicial británica crea
un precedente puesto que otras víctimas de abusos sexuales podrán
demandar a sus agresores o las autoridades locales, si es que
estaban bajo el cuidado de éstas en el momento del ataque. Hasta ahora, las víctimas no podían pedir compensación una vez
transcurridos seis años desde el ataque o, en los casos de abusos de
menores, no más de seis años después de que la víctima cumpliera los
18 años, según la legislación británica. "A", cuyo nombre no puede ser divulgado por razones legales,
tenía 59 años cuando fue atacada en Leeds en 1988. En un nota divulgada hoy, "A" dijo: "Estoy encantada y aliviada
de haber conseguido un cambio en la legislación que permitirá a
otros en el futuro tener esperanza de conseguir Justicia". "Fue esto, más que un beneficio financiero, lo que me llevó a
empezar este proceso hace dos años", agregó. Hoare vive actualmente en una casa valorada en 700.000 libras
(unos 924.000 euros) en Ponteland (norte de Inglaterra), que compró
tras ser uno de los tres ganadores de un bote de la lotería de 21
millones de libras, que se jugó el 7 de agosto de 2004. En el 2005, un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó
que la solicitud de compensación de "A" estaba fuera del periodo
legal límite de seis años, dictamen que fue ratificado después por
un tribunal superior, por lo que la víctima decidió llevar su
recurso hasta los jueces de la Cámara de los Lores.
Terra/EFE
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